Reseña Historica

La Protección al Consumidor en Venezuela se inició el 15 de agosto de 1944, con la promulgación del Decreto Presidencial N° 17, mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Abastecimiento con competencia para regular y controlar el transporte, alquileres y el comercio interior, teniendo atribuciones para fijar precios al mayor y al detal, en los artículos de primera necesidad, esto debido al incremento de la especulación que trajo como consecuencia escasez de productos durante la Segunda Guerra Mundial.

El 02 de agosto de 1947, se publicó en la Gaceta Oficial N° 22.380, la Ley Contra el Acaparamiento y la Especulación, instrumento legal que vino a determinar los delitos, las prácticas, tratos abusivos, la venta clandestina y el traslado de mercancía con el objeto de elevar los precios y la venta condicionada.

Para el 5 de septiembre de 1974, en la Gaceta Oficial N°. 1.680, se aprobó el Proyecto de Ley Antimonopolio y de Protección al Consumidor, el cual acordó la creación de la Superintendencia de Protección al Consumidor, Organismo adscrito al desaparecido Ministerio de Fomento hoy Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

Luego el 24 de marzo de 1992, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.402, se Decreta una nueva Ley de Protección al Consumidor, quedando derogadas las Leyes de los años 1.947 y 1.974. La promulgación de esta nueva norma legal, trajo consigo la creación del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor (I.D.E.C.), teniendo entre sus principios programáticos la Educación, Información, Organización, Orientación y Protección a los consumidores como derechos irrenunciables.

El 17 de mayo de 1995, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°. 4.898, se aprobó una reforma a dicha Ley, donde se incluyó la figura del Usuario dentro del ámbito de su competencia. Esta situación originó que se modificara, tanto el nombre de la Ley como el del Instituto, pasando a llamarse Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (L.P.C.U.) e Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y al Usuario (INDECU).

Nueve años despues el 04 de mayo de 2004, se publicó en Gaceta Oficial N°. 37.930, la segunda reforma de la citada Ley. Este cambio se produjo con el objetivo de adaptarla a los nuevos requerimientos de nuestra novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra los derechos de los Consumidores y Usuarios como Derechos Constitucionales Económicos en favor de los ciudadanos. Artículo 117, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”. Este Artículo establece el basamento Constitucional para dar paso al surgimiento de una nueva Ley y por ende a un nuevo Instituto u Organismo que vele realmente por la Defensa y Protección de los derechos individuales y colectivos en el Acceso a los Bienes y Servicios.

En fecha 21 de febrero de 2007, se publica en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.629, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra Conducta que afecte el Consumo de los Alimentos o Productos Sometidos a Control de Precios, este Decreto tiene como Objeto, establecer acciones o mecanismos de defensa del pueblo contra el Acaparamiento, la Especualción, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los Alimentos o Productos sometidos a control de precios; regular su aplicación a través del Ejecutivo Nacional con la participación de los Consejos Comunales; el Servicio Público declarado esencial se debe prestar de forma contínua, regular, eficaz, eficiente, ininterrumpida, consagrando medios idóneos contra los actos ilícitos o conductas irregulares por parte de los medios de producción, distribución, importación, fabricación, acopio, transporte, comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios. El Poder Público Nacional podrá actuar, cuando las circunstancias lo amerite dictando Medidas Preventivas.

Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial se reformó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.862 de fecha 31 de enero de 2008. Estableciendo mecanismos y acciones para sancionar conductas que afecten el consumo de los alimentos y productos de primera necesidad o sometidos a control de precios. El delito de Especualción se estiende para el que compre alimentos o productos sometidos a control de precios, y lo venda con sobreprecio. Consagra el delito de alteración fraudulenta de precios; realice contrabando de extración de productos o alimetos declarados de primera necesidad. Quedan obligados los dedicados a las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos declarados de primera necesidad o control de precios a suministrar la información y documentación que le sea requerida por el ente competente en la materia o por organismos que se designaren para tales efectos.

El 31 de julio de 2008, se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.889, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual responde de manera ágil y expedita a los derechos de los Usuarios y Usuarias, modificando e incorporando Disposiciones Sustanciales, y simplificando los Procedimientos Administrativos, se implementa la oralidad, se amplía el ámbito de competencia incluyéndose como sujeto de la Ley a toda Persona Natural o Jurídica que intervienen en la cadena de distribución, producción y consumo, se incorpora la participación protagónica del pueblo, dando cumplimiento a las disposición Constitucional a través de los Concejos Comunales, la creación de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento; en el Título VI Capítulo I y II, el Decreto Ley contempla las Sanciones y Multas, y en el Título VII Capítulos I y II, Los Delitos, Penas y Conductas Irregulares, consagrados de forma taxativa, con el fin de asegurar y garantizar las decisiones y el cumplimiento oportuno de la Ley, permitiéndole al Estado garantizar la Seguridad Alimentaria.

El 24 de abril de 2009, fue publicada en Gaceta Oficial N°. 39.165, la Ley de Reforma parcial del Decreto-Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual estaba vigente desde el 31 de julio de 2008. Tratándose de una Ley dictada por la Asamblea Nacional que modifica un Decreto-Ley Presidencial, la primera reforma consistió precisamente en suprimir de su título la referencia “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley”, por lo que ahora simplemente se denomina “Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios”. Igualmente en la reforma parcial del Decreto Ley se modificaron veintidós (22) Artículos, de manera general no se alteró sustancialmente el Objeto, Alcance, Procedimientos o las Obligaciones Generales de los Sujetos a quienes aplica esta normativa.

El 1 de febrero de 2010, se publicó en Gaceta Oficial N° 39.358, la reforma a la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, incluyéndose dos Derechos Fundamentales como lo son la Vida y la Salud, que serán resguardados en favor de la Paz Social y la Justicia, se declara de Interés Público y General los Medios de Producción, Distribución y Consumo de manera imperativa, sin que medie para ello Declaratoria de Utilidad Pública o Interés Social, por parte de la Asamblea Nacional, en el cuerpo de la Ley se crean Normas Procedimentales, para la consecución de declaratoria.

Del mismo modo en la Disposición Derogaroria Única Se elimina la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.930 del 4 de mayo de 2004; así como el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el Consumo de los Alimentos o Productos Sometidos a Control de Precios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 38.629 de fecha 21 de febrero de 2007; y su posterior reforma publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 38.862 de fecha 31 de enero de 2008.

Por lo antes expuesto decimos que la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios crea el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios – INDEPABIS -, para dar respuesta y atender la situación de vulnerabilidad e indefensión en la cual se encontraba la población venezolana. Como Instituto de la Administración Pública, encargado de las Políticas, Planes y Programas, destinados a proteger los Derechos de los Usuarios y Usuarias en materia de Bienes y Servicios (considerados Derecho Humanos esenciales) para el normal desenvolvimiento de todo individuo; esta facultado para Inspeccionar, Fiscalizar, Tramitar, Arbitrar, Conciliar, Sustanciar, actuar como Órgano Auxiliar y de apoyo en las investigaciones penales del Ministerio Público y decidir los Procedimientos Administrativos para determinar la comisión de hechos violatorios de las disposiciones legales contempladas en la normativa legal que rige la materia de Bienes y Servicios, aplicar las Sanciones respectiva así como Promover la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicio, Educando y Formando al conglomerado social para que ejerzan adecuadamente sus derechos.

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