Prensa AN (19-11-2010).- Con el objeto de evitar que continúe el acaparamiento contra los bienes y servicios, la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, mediante la urgencia reglamentaria, la reforma Parcial de la Ley Especial de Acceso a las Personas de los Bienes y Servicios, la cual fue remitida a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico para elaborar con urgencia el informe para la segunda discusión.

    Correspondió al diputado Mario Isea (Zulia), presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico la presentación del instrumento legal ante la plenaria de la AN y de solicitar su urgencia reglamentaria  para incluirlo en el orden del día.

    Manifestó que la especulación es un “arma para la desestabilización” y por ello es necesario reformar este instrumento legal para dotar al gobierno de los medios necesarios para atacar esta grave problemática.

    Recordó que la ley actual sólo rige para los bienes esenciales, ahora se faculta al Estado venezolano para que proceda a iniciar la expropiación aun cuando los bienes no sean de primera necesidad.

    Insistió que esta ley irá en defensa de los venezolanos, independientemente de su afiliación política. “Se busca fortalecer la capacidad de acción del pueblo y por ello solicitamos su aprobación”.

    El diputado Juan José Molina (Podemos/Bolívar), rechazó una vez más el procedimiento utilizado para adelantar la discusión de este instrumento legal, por lo cual consideró innecesario continuar pidiendo el respeto a las leyes. “Lo que busca el gobierno es hacerse de una empresa, e insiste en violar el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referido al debido proceso, y aquí se está cometiendo un abusivo proceso”.

    Citó el caso del pueblo de China que está creciendo ahora a pesar de ser comunista bajo el amparo del sector privado. Recordó que Venezuela tiene un régimen socioeconómico para avanzar y crecer. “No podemos aprobar esta ley porque continúa siendo una imposición”.

    Más controles

    Por su parte, el diputado Luis Tascón (Ind./Táchira) planteó establecer un mecanismo de comunicación entre el Seniat y el Ministerio de Comercio para regular los márgenes de utilidad de los comercios, lo cual permitirá controlar la especulación.

    El diputado Douglas Gómez (Carabobo) en nombre del PCV manifestó que existe una Ley de Expropiación que contempla el derecho que tienen los afectados a consignar los elementos necesarios para demostrar que no se justifica la misma. “Aquí se expropia en un gobierno revolucionario y se indemniza, si fuera el PCV no se pagaría. Nosotros creemos que frente a un delito como la especulación no puede haber contemplaciones, y por ello, el Estado venezolano tiene que apelar a los mecanismos necesarios para ponerle freno”.

    Al respecto el diputado Ricardo Gutiérrez (Podemos/Portuguesa) argumentó  que este proceso debe llevarse a cabo dentro de la lógica jurídica y económica. “Este problema no se resuelve con leyes y expropiaciones, vamos a desarrollar los mecanismos necesarios dentro del estamento legal para combatir este problema”.

    El diputado Carlos Escarrá (Aragua) afirmó que detrás de los argumentos de la oposición lo que existe es la defensa de los intereses de determinados sectores de la oligarquía venezolana.

    Asimismo aclaró que la confiscación es una figura distinta y está referida a una pena accesoria para los delitos de droga y corrupción, la expropiación obedece a una necesidad distinta.         

    Insistió que con esta ley se busca defender al ciudadano común contra la especulación acaparamiento, y en este sentido destacó la labor legislativa. “Debo decirle que el proceso revolucionario no lo van a detener”.

    Del informe

    En la exposición de motivos del informe, se argumenta que debido a que la realidad económica está siendo desbordada  por actividades especulativas, de acaparamiento, de remarcaje de precios, usura, ilícitos económicos y otros delitos conexos que afectan gravemente el derecho del pueblo venezolano en el acceso a los bienes y servicios, se plantea esta reforma parcial para ampliar la acción del Estado sobre todo tipo de bienes y servicios relacionados con las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización.

    Igualmente, se establece la competencia del Ejecutivo nacional para poder dictar las medidas necesarias de carácter excepcional para evitar el alza indebida de precios, el acaparamiento y el boicot de productos o servicios declarados de primera necesidad o restablecer reducciones en los precios de bienes y tarifas de servicios declarados de primera necesidad.

    También se establece que el Estado podrá adoptar la medida de ocupación, operatividad  temporal e incautación mientras dure el procedimiento de los bienes o servicios por parte de la colectividad y procurar la continuidad del servicio. La reforma también prevé la compensación que por multas, sanciones y daños ocasionados afectan el monto de la indemnización, de tal manera que preserva el equilibrio entre los derechos individuales y colectivos.

    Se propone en el informe la incorporación del artículo 5 sobre la declaratoria de utilidad pública, incluyéndose todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios.

    Igualmente, se sugiere la supresión de la frase “declarados de primera necesidad” en los artículos 15 numerales 9 y 10, 13, 64,66, 67, 68, 110, 111, 137,138,139,140 y 141. a fin que la aplicación de las medidas preventivas, sanciones administrativas y penas, abarquen a los bienes y servicios que no estén declarados como de primera necesidad  por el Ejecutivo nacional.

    Antes del debate

    El diputado Juan José Molina salvó su voto por considerar se estaba reformando un instrumento legal sin ni siquiera tener un informe.

    La diputada Pastora Medina insistió que no había ningún informe sobre el caso de la Cadena Éxito y de Sambil para dar un debate con seriedad sobre la materia, por lo cual dejaba constancia de su voto salvado. Entre tanto, el diputado Ricardo Gutiérrez consideró necesario hacer una revisión de la materia y pidió su diferimiento, tal como lo establece el Reglamento Interior y de Debates.

    La presidenta de la Asamblea Nacional. Diputada Cilia Flores solicitó dar lectura al artículo 146 del Reglamento Interior y de Debates, donde se establece que la mayoría calificada es la que decide incluir una determinada materia en el orden del día, y estos puntos contaron con el respaldo de la plenaria.

    Rechazan intento de EEUU de invadir Haití

    Asimismo durante la plenaria se aprobó un proyecto de acuerdo rechazando categóricamente  la intervención miliar del gobierno de los Estados Unidos en Haití, e instar a la Comunidad Internacional a solicitar la retirada  de las tropas norteamericanas  de la isla caribeña y en contraparte acordar el envío masivo  y continúo de alimentos, medicinas y personal sanitario al país.

    Por su parte, el diputado Luis Tascón (Ind./Táchira) solicitó un derecho de palabra para referirse a la grave situación que atraviesa el pueblo de Haití, el cual quedó destruido como consecuencia del reciente terremoto ocurrido en esa isla. Asimismo rechazó que el imperio se aproveche presuntamente de esta situación para invadirlo con sus militares, sus equipos de combates.

    Pidió una vez más al pueblo venezolano a redoblar esfuerzos para ayudar al pueblo haitiano. “Lamentablemente lo que más poder tienen no mandan alimento sino tropas para controlarlos. Por eso propongo un acuerdo adicional al ya aprobado recientemente porque su situación se ha venido agravando”.

    El diputado Roy Daza (Aragua) dijo que las informaciones cada día son más dolorosas, pero también le preocupa la intervención militar de Estados Unidos en Haití. Seguidamente, el diputado Modesto Ruiz expresó que esta intervención despierta mucha suspicacia y por ello considera necesario hacer seguimiento a esta intervención militar. “El PSUV se une a la protesta enérgica de esta intervención”.

    Entre tanto, el diputado Saúl Ortega (Carabobo) afirmó que también hay un hecho que es muy grave porque se están repartiendo los niños (huérfanos) de ese país. Aprovechó la oportunidad para destacar la solidaridad del pueblo venezolano, que se ha manifestado para apoyar Haití.

    Por su parte, el diputado Juan José Molina (Podemos/Bolívar) recordó que Podemos ha hecho un llamado al pueblo a solidarizarse con el pueblo de Haití, inclusive se han visto diferentes tipos de organizaciones recogiendo para ser enviado a este pueblo. “No podemos darnos golpe de pechos diciendo que es el gobierno y no la oposición la que está enviando ayuda a Haití, por lo que se está es politizando este caso”.

    La diputada Iris Varela (Táchira) manifestó que el primero en ofrecer su ayuda humanitaria a la población de Haití fue Venezuela, caso similar hizo Bolivia.